Se protegieron más de 1.700 inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires construidos antes de 1941
La norma obtuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas de la Legislatura que votaron afirmativamente a los cuatro expedientes que contemplaban diferentes tipos de protección.
La Legislatura porteña otorgó hoy, por ley, una protección histórica a más de 1.700 inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires que fueron construidos con anterioridad a 1941 con el propósito de conservar el patrimonio local e impedir las demoliciones de esas construcciones.
La norma obtuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas de la Legislatura que votaron afirmativamente a los cuatro expedientes que contemplaban diferentes tipos de protección para las edificaciones situadas en diferentes barrios porteños.
De esta manera, fueron resguardados con protecciones de tipo cautelar, que implica que se resguardan la fachada y algunas partes de la construcción; estructural, que contiene un grado mayor ya que sólo se permiten pequeñas reformas; e integral que impide que se toque la estructura en su totalidad.
Por un lado, quedó aprobada la iniciativa de autoría del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que propone la catalogación de 52 edificios de la Ciudad de Buenos Aires; así como otro proyecto que abarcaba a otros 339 inmuebles.
También fue sancionada una propuesta para proteger 940 edificaciones con distintos niveles y el restante que incluye a 374 inmuebles que también fueron construidos con anterioridad al año 1941 y que fueron evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.
Según lo aprobado, todos los inmuebles serán incorporados según lo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano porteño y el Poder Ejecutivo los asentará en la Documentación Catastral correspondiente.
Para la diputada Gabriela Alegre, presidenta del bloque del Frente para la Victoria, los más de 1.700 inmuebles protegidos representan “el 1 por ciento de los inmuebles que fueron construidos antes de 1941”, lo que, a su entender, “muestra la falta de voluntad el Ejecutivo por desarrollar una política integral en defensa del patrimonio”.