Familias que montaron viviendas precarias en veredas del Bajo Flores resistieron una orden judicial de desalojo y rechazaron el ofrecimiento económico del gobierno porteño para irse en forma voluntaria, tras la negativa de las autoridades nacionales a accionar por la fuerza.

La orden había sido dictada por la jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro quien definió suspender el operativo para liberar el espacio público.

Pese al despliegue de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, los ocupantes rechazaron esta tarde un ofrecimiento de 700 pesos del gobierno porteño para "alquilar" e insistieron en su reclamo de ser incluidos en planes para viviendas.