El 20 de abril de 2010 la Corte Internacional de La Haya decidió que la planta de celulosa ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bento podía seguir funcionando, pero con controles adecuados. El fallo ponía punto final a un largo conflicto, que se había profundizado con el corte que ambientalistas realizaron sobre el puente internacional General San Martín.

La decisión de La Haya establecía que ambos países debían controlar periódicamente a la pastera, para evitar que sus efluentes contaminaran el curso del río.

El acuerdo entre la Argentina y Uruguay firmado el 30 de agosto de 2010 estableció la creación de un Comité Científico en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Integrado por científicos de ambos países, ese Comité debía realizar un monitoreo permanente de la planta, para prevenir, alertar y evitar niveles de contaminación. Pero hasta el momento, no ha habido ningún informe oficial al respecto.

En el sitio oficial de la Comisión binacional sólo figura un parte de prensa de agosto de 2011, donde se informa sobre unos supuestos controles realizados el 20 de junio y el 25 de julio de 2011. Pero no aparece ningún informe.

En tanto, a la Asamblea de Gualeguaychú le han informado de la existencia de otros dos controles, pero sin mayores certezas.

Varios científicos han levantado una voz de alerta ante la falta de controles, y sobre el grave riesgo ambiental que existe sobre el Río Uruguay. Y explican que en estos dos años se han producido una serie de incidentes que evidencian la falta de previsiones en el funcionamiento de la empresa.