A partir de la detención (y posterior liberación) de la directora política de Greenpeace, Eugenia Testa, mientras protestaba en un terreno propiedad de la Barrick Gold, la empresa minera pidió derecho a réplica.

Testa declaró que en el acta que firmó al ser apresada figuraba una denuncia de la compañía multinacional. “El martes a la mañana ingresaron 50 personas de Greenpeace a nuestra propiedad privada y la ONG tomó el control operacional del único camino que tenemos para abastecer a un pueblo de 2.500 personas. Ellos determinaron que no subía el camión de oxígeno, la comida y el combustible para abastecerlos generadores eléctricos. Es decir, no fue una toma pacífica”, explicó el gerente de Asuntos Corporativos de la Barrick Gold Julio Claudeville.

“Greenpeace no tuvo ningún apoyo de la comunidad”, remarcó.

“No hay ninguna comprobación de contaminación, por eso la gente en San Juan está tranquila. Llevamos años escuchando mensajes apocalípticos; nosotros no queremos ninguna conflictividad”, advirtió el directivo de la gran minera de capitales canadienses.

“Muchos gremios en la provincia apoyan la actividad”, resaltó Claudeville y dijo que influye la proximidad con Chile, “un país minero que lleva muchos años desarrollando esta tarea”, señaló.

Este tipo de actividad, “son inversiones de alto riesgo. Lo fundamental en estos casos es tener seguridad jurídica”.

En diez años, la onza de oro subió de 360 a 1.140 dólares. La rentabilidad de la firma es millonaria. Mientras, una medida cautelar impide que pueda aplicarse la Ley de Glaciares, que el gobierno nacional aún no reglamentó.