La periodista Alicia Barrios se presentó como testigo en la causa que investiga la supuesta violencia de género del ex presidente Alberto Fernández hacia su ex pareja, Fabiola Yáñez. Durante su declaración ante el fiscal federal Ramiro González, Barrios manifestó que no fue testigo de agresiones físicas, aunque indicó que existía “violencia emocional” en la relación. Esta declaración se enmarca dentro de una serie de testimonios que buscan esclarecer los hechos denunciados por Yáñez.

Posteriormente, María Cantero, quien fue secretaria privada del ex presidente, también compareció como testigo. La declaración de Cantero es de relevancia ya que el inicio de esta investigación surge de evidencias encontradas en su teléfono celular. Este dispositivo fue objeto de peritajes en un expediente relacionado con actos de corrupción vinculados a la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno de Fernández. En las comunicaciones de 2021 entre Yáñez y Cantero, la entonces primera dama relató las agresiones sufridas y adjuntó fotografías que evidencian su situación, lo que motivó su citación en la causa.

Barrios llegó a los tribunales de Retiro a las 10:30 y permaneció allí hasta pasadas las 12:30. A esa hora, Cantero también arribó, acompañada por sus abogados. A pesar de estar en un expediente diferente, su presencia fue necesaria, dado que estaba brindando su testimonio. La declaración de Cantero se extendió hasta después de las 14:30, cuando aún se encontraba respondiendo preguntas del fiscal González y de los letrados de Yáñez y Fernández.

En el contexto de esta causa, el juez federal Julián Ercolini desestimó la solicitud de la defensa del ex presidente para que la investigación fuera trasladada a la justicia de San Isidro. Ercolini argumentó que el traslado era “prematuro” y decidió que el caso continuaría en los tribunales de Comodoro Py. El juez coincidió con el criterio del fiscal González, quien previamente había solicitado el rechazo de la solicitud de la defensa.

Fabiola Yáñez, a través de un escrito y una declaración realizada por videoconferencia durante cuatro horas, afirmó que los episodios de violencia comenzaron en 2016 en Puerto Madero y continuaron a lo largo de su relación, incluyendo golpes, patadas, cachetazos y maltratos. Estas afirmaciones sirvieron como base para que el fiscal González imputara a Alberto Fernández, enumerando nueve incidentes que abarcan las agresiones ocurridas en Puerto Madero y otros contextos, con el ex presidente como acusado.

La fiscalía, al evaluar la defensa presentada, concluyó que había carencias en los argumentos expuestos, destacando que la presentación realizada el 13 de agosto solo podía referirse a “hechos presuntamente denunciados” y limitarlos a la Quinta de Olivos, dado que en ese momento no existía un objeto claramente definido sobre el cual pronunciarse. La fiscalía catalogó la presentación como escasa en fundamentos, aludiendo únicamente al artículo 37 y su vínculo con la garantía del juez natural, sin un desarrollo que sustentara una argumentación sólida. Esta falta de sustento fue considerada suficiente para rechazar la solicitud de la defensa.