En su carrera por revertir el resultado electoral del 12 de septiembre pasado, el gobierno realizó un acto tradicional con los movimientos sociales que integran la propia gestión, como Barrios de Pie y Movimiento Evita. 

Lo hizo en el estadio de Nueva Chicago, y los propios organizadores informaron que había 40 mil asistentes, cuando el estado tiene capacidad para 29 mil, por lo que el aforo permitido, según el decreto del presidente Alberto Fernández, es del 50% es decir 14.500 personas. Justamente Fernández fue el principal orador. 

Por eso, la fiscal Celsa Ramírez, la misma que allanó los estadios de River y Vélez por los partidos del fin de semana, intervino de oficio y dispuso el allanamiento y la clausura de la cancha, con el aval del juez Javier Alejandro Buján.

Ahora se analiza la imputación de los organizadores y participantes, entre ellos el propio presidente, firmante de la norma y principal orador del acto.