El juez Luiz Schelgel decidió anular una pericia psiquiátrica solicitada a Melody Rakauskas por la fiscal Mónica Cuñarro en el marco de la causa que investiga un caso de abuso sexual en contra del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Paralelamente, la representación legal de Rakauskas ha solicitado el apartamiento de la fiscal Cuñarro, acusándola de no defender adecuadamente a la víctima y de mostrar parcialidad en el desarrollo del caso.

El magistrado fundamentó su decisión en fallos previos de la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que la solicitud de la pericia psiquiátrica se realizó en un momento en que Espinoza ya tenía un procesamiento confirmado por la Cámara del Crimen. La fiscal Cuñarro se integró a la causa en una etapa avanzada del proceso.

El juez Agostinelli aún no ha tomado una decisión respecto a la recusación de Cuñarro, limitándose a señalar en su resolución que se debe “tener presente” el pedido del abogado de la querella, Marcelo Urra.

Fernando Espinoza enfrenta cargos por abuso sexual y desobediencia a la Justicia, y ha presentado un recurso ante la Cámara de Casación. Por su parte, la querella ha manifestado su interés en avanzar hacia un juicio oral.

En el escrito presentado, el abogado Urra argumentó que la fiscal Cuñarro ha violado el principio de imparcialidad y no ha cumplido con la ley Micaela, puesto que ha manifestado actitudes en contra de la víctima mientras que no se ha llevado a cabo ninguna pericia sobre el acusado. Además, se destaca que no se han realizado investigaciones adecuadas sobre el intendente Espinoza, como el análisis de sus dispositivos electrónicos ni un allanamiento a su domicilio, a pesar de que la fiscal ha ordenado una pericia a la víctima.

Urra subrayó que “el deber de la fiscal Cuñarro es velar y proteger a la víctima”, lo cual considera que no se ha cumplido. En lugar de investigar al acusado, ha enfocado sus esfuerzos en obtener información de causas que no están relacionadas con el caso de abuso sexual y desobediencia que enfrenta Espinoza.

Desde la apertura de la causa, hace tres años y medio, la fiscal no ha exigido al intendente que cumpla con la obligación de asistir a un curso sobre violencia de género, como lo establece la ley Micaela.

La querella ha solicitado la elevación del caso a juicio oral, pero la fiscal Cuñarro ha mostrado una “visible e incomprensible lentitud” en su respuesta, lo que ha llevado a la reiteración de la solicitud de remoción de la fiscal.

El mes pasado, Espinoza presentó un recurso ante la Cámara de Casación Nacional respecto a su procesamiento, argumentando con datos de la adolescencia de Rakauskas y sugiriendo que podría estar involucrada en una “red de prostitución” y ser “una infiltrada” en la política. Este enfoque ha sido considerado por Cuñarro al solicitar el examen psiquiátrico que ahora ha sido anulado.

Por otro lado, la modelo Rakauskas ha solicitado que la causa sea elevada a juicio oral y público para que se resuelva en esa instancia, lo que fue anunciado por su abogado, Marcelo Urra, tras la aceptación de la jueza de instrucción, María Fabiana Galetti, del carácter de querellante de la joven.

Este estatus permitirá a Rakauskas solicitar medidas de prueba dentro del proceso. Sin embargo, el recurso presentado por Espinoza ante la Cámara del Crimen ha logrado, por el momento, frenar la decisión de avanzar a juicio oral, ya que se ha reservado la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia si la resolución de Casación no le es favorable.

De esta manera, Espinoza parece considerar que puede continuar en su cargo de intendente de la municipalidad más grande del Gran Buenos Aires, la cual ha sido gobernada por el peronismo de manera ininterrumpida desde 1983.

Los abogados del intendente han solicitado a la jueza de instrucción, María Fabiana Galetti, que se abstenga de ejecutar la decisión del Superior hasta que se resuelva el recurso de casación y su eventual apelación ante la Corte Suprema.

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