Un grupo de jóvenes ha sido detenido y acusado de ser responsables de varias amenazas de bomba en Argentina. Estas amenazas incluyen estaciones ferroviarias, la Casa Rosada, el Congreso Nacional, la Cámara Nacional Electoral, instituciones educativas y el búnker de Unión por la Patria durante las elecciones.

Las detenciones se llevaron a cabo como resultado de una investigación dirigida por el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. Según las fuentes policiales y judiciales, las amenazas fueron realizadas a través de líneas telefónicas de la empresa Telecentro, utilizando una nueva tecnología que enrutaba las llamadas a través de conexiones a internet.

Se ha descubierto que los detenidos se dedicaban a hackear las cuentas de clientes de la empresa para obtener líneas telefónicas a su nombre, las cuales eran vendidas en el mercado negro de la "deep web". Posteriormente, utilizaban redes Wi-Fi públicas para realizar las llamadas intimidatorias, evitando así ser rastreados.

Los detenidos enfrentan cargos relacionados con las amenazas de bomba en estaciones de tren y subte en Buenos Aires, así como en la Casa de Gobierno, el Congreso, la Cámara Nacional Electoral y diversas instituciones educativas. También se les atribuye la responsabilidad de amenazas dirigidas a altos funcionarios del Gobierno nacional. Se estima que estas amenazas han ocasionado millonarias pérdidas debido a la suspensión de los servicios ferroviarios afectados.

Por Continental, el comisario general Alejandro Ñamandú, superintendente de Investigaciones Federales, graficó que “Hasta el juez Ariel Lijo, que investigaba la primera amenaza, fue amenazado para que parase con la investigación de amenazas a Casa de Gobierno. Hasta el momento tenemos detenido al autor material de las amenazas y a dos personas que empleaban un método bastante sofisticado para realizarlas”, sintetizó Ñamandú en Bravo.Continental.

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