El Gobierno nacional está preparando la disolución de 300 Unidades de Gestión a las que acuden millones de beneficiarios de planes sociales para tramitar la ayuda estatal. Además, se cerrarán 59 Centros de Referencia (CDR).

Estas Unidades de Gestión representan un desembolso anual de alrededor de U$S 34 millones por parte del Estado, con el fin de controlar que los beneficiarios cumplan con las contraprestaciones necesarias para recibir los planes sociales.