La Argentina reclamó este martes al juez Thomas Griesa que "deje cobrar" a los bonistas que entraron al canje y le propuso a los holdouts que asuman los riesgos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO.
 
"El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños", señaló el Ministerio de Economía en un comunicado de prensa.
 
A su vez, el Palacio de Hacienda agudizó su embate contra el magistrado al considerar que "no resolvió nada" en la audiencia que el mismo convocó hoy a pedido de los agentes de pagos.
 
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía sostuvo que Griesa "no resolvió absolutamente nada" y remarcó que de esta forma "mantuvo una insólita prohibición de cobro".
 
El parte difundido pasadas las 19 no precisó si la Argentina se presentará mañana a la reunión con holdouts que convocó Dan Pollack por instrucción de Griesa.
 
Economía reiteró que la Argentina solicitó una "suspensión de la sentencia (stay)" que impide el pago a bonistas regulares "remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes".
 
Justificó esta posición al sostener que "tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO" e "implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles".
 
Según Economía, "los fondos buitres sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO".
 
"Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable".
 
Frente a este escenario el Palacio de Hacienda se quejó porque "el juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO".
 
"Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños", reclamó el Gobierno nacional.