El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha dirigido una comunicación formal al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, solicitando la suspensión de la aplicación del fallo conocido como "Levinas". Este fallo, emitido a finales de 2024, establece que las causas nacionales pueden ser apeladas para su revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 

En su misiva, Casal argumenta que la implementación de la sentencia podría comprometer el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en su labor de cumplir con las funciones legales y constitucionales en los procesos que se desarrollan en la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según su perspectiva, esto podría traducirse en un menoscabo de los intereses a los que debe proteger. 

El fallo en cuestión permite que, tras la intervención de una Cámara Nacional en una causa, se pueda apelar ante la justicia de la ciudad antes de llevar el caso a la Corte Nacional. Casal expone que, dado que la Procuración General de la Nación tiene competencia para actuar únicamente ante tribunales nacionales, resulta inviable que esta pueda presentar apelaciones ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad. 

El Procurador señala que la nueva doctrina del Tribunal implica un tipo de actividad procesal que las fiscalías nacionales no están legalmente autorizadas a llevar a cabo. Esto se debe a que su competencia se limita a lo que establece la ley, la cual no les otorga legitimación procesal para actuar en el ámbito local. 

En el documento que fue presentado, se detalla que la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus fiscales tampoco pueden intervenir, dado que se trata de una entidad distinta. Casal advierte que una posible actuación mixta entre las fiscalías nacionales y locales podría obstaculizar el diseño de una política criminal coherente. 

Adicionalmente, Casal critica que el fallo de la Corte Suprema no ha establecido un criterio interpretativo que permita solucionar adecuadamente los problemas planteados. En este sentido, sostiene que no es factible para él, a través de la emisión de una instrucción general, abordar la falta de habilitación constitucional y legal de los fiscales nacionales para actuar ante un tribunal local.