La causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en el que están involucrados César, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ha sido formalmente elevado a juicio oral, que se efectivizará en Chaco durante 2025. Un jurado popular, compuesto por ciudadanos de la provincia, será el encargado de deliberar.

El Equipo Fiscal Especial, integrado por los fiscales Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, concluyó recientemente la fase de investigación penal preparatoria. Este período se extendió a lo largo de más de seis meses, durante el cual se presentaron múltiples recursos de amparo y se experimentaron diversas dilaciones tanto por parte de la defensa como de las querellas.

En la acusación formal, César Sena enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado en calidad de autor. Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña están acusados del mismo delito, pero en calidad de partícipes primarios. En caso de ser hallados culpables, todos los acusados se enfrentarían a una pena de prisión perpetua.

Las querellas, que representan a la familia de la víctima y al gobierno de Chaco, habían solicitado que los padres de Cecilia fueran juzgados como coautores del femicidio. A pesar de que esta modificación en la calificación no afecta la pena concreta, ya que ambas categorías legales conllevan la misma sanción, finalmente, la Cámara de Apelaciones respaldó la postura de los fiscales, lo que prolongó el proceso hacia el juicio.

Además de los principales acusados, cuatro colaboradores del movimiento piquetero, Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, también enfrentan cargos, aunque en su caso por encubrimiento agravado.

En cuanto a la defensa de los Sena, actualmente cuentan con defensores oficiales, habiendo prescindido de los servicios del abogado Ricardo Osuna, quien había estado al frente de su defensa desde los inicios del caso. La situación se complicó tras la publicación de una carta por parte de Marcela Acuña en la que se acusaba a Osuna de intentar extorsionarlos al proponer la inclusión de más abogados en su equipo y solicitar la recusación del fiscal Bogado, amenazando con retirar a todo el equipo legal si no se aceptaba este cambio.