La justicia de Villa María elevó a juicio la megacausa que investiga la presunta estafa Ponzi detrás del emporio de Generación Zoe, liderado por el coach Leonardo Cositorto. La investigación, que duró casi dos años, ha identificado a 26 imputados, incluyendo a Cositorto, quien está en prisión preventiva desde hace más de 22 meses en el penal de Bouwer, en Córdoba. Se lo acusa de coautor de los delitos de asociación ilícita en calidad de líder organizador y de estafas reiteradas.

La fiscalía ha rastreado la responsabilidad de cada uno de los responsables del esquema, que operaba en Villa María y otras localidades, así como a nivel global, dejando damnificados en varios países. Según testigos, la empresa habría movido cerca de 120 millones de dólares a nivel global, aunque el número puede ser aún mayor. La pena para los cabecillas podría superar los 20 años de prisión.

Generación Zoe ofrecía desde criptomonedas hasta hamburguesas y prometía a sus inversores ganancias sospechosamente exorbitantes en dólares. La firma ofrecía planes de educación que generaban rendimientos en dólares, así como otros productos que prometían multiplicar aún más los rendimientos. La justicia sostiene que la estafa estaba cimentada en una serie de puestas en escena, como la máscara de la pata educativa, un fideicomiso, la compra de una empresa que operara en bolsa, y la compra de una mina de oro para respaldar la criptomoneda propia, acciones que buscaban darle legitimidad al esquema.

La fiscalía ha destacado que en Generación Zoe no se realizaron operaciones de compra y venta de activos financieros que justificaran los extraordinarios rendimientos prometidos a los ahorristas. Además, se ha señalado el enriquecimiento de los miembros de la organización, incluyendo la compra de propiedades y vehículos de lujo, que funcionaban como un anzuelo para los inversores.

La justicia también ha puesto el foco en el presunto respaldo patrimonial insuficiente para bancar los rendimientos prometidos, desestimando el argumento de la defensa sobre un incumplimiento de contrato producido por una corrida de ahorristas. La causa de Córdoba se suma a otros expedientes similares en distintas localidades, así como a una investigación por lavado de activos que lleva adelante el Juzgado Federal N°4.

El juicio podría tener lugar durante este año, y se espera que arroje luz sobre las prácticas fraudulentas y el impacto de Generación Zoe en sus inversores en Argentina y en otros países.