El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Jones Huala fue condenado en diciembre de 2018 por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, y se le impuso una pena de seis años de prisión.

El pedido de extradición se basa en que Jones Huala debe cumplir en Chile el resto de su condena, ya que fue liberado bajo libertad condicional en enero de 2022, pero posteriormente se fugó y estuvo prófugo durante casi un año. Fue detenido en enero de este año en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro.

La defensa de Jones Huala ha objetado el pedido de extradición y ha apelado a la Corte Suprema. Alegan que se le han negado medidas de prueba para poder explicar el contexto político e histórico en el que se dio su condena, y consideran que es víctima de una persecución por parte del estado de Chile.

El procurador Casal ha pedido que se rechace el planteo de la defensa y ha destacado que no existen motivaciones políticas en la condena de Jones Huala por el incendio. El juez federal que aceptó la extradición también ha asegurado que se han respetado los derechos procesales del acusado durante el juicio en Chile.

Ahora, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de decidir si confirma la extradición de Jones Huala. Sin embargo, incluso si la Corte Suprema confirma la extradición, la ley argentina establece que el gobierno nacional, a través de la Cancillería, debe intervenir en el proceso de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la facultad de aceptar o no el envío del acusado, especialmente si se le otorga el estatus de refugiado político durante el juicio de extradición.