Juicio político a la Corte Suprema: dura respuesta de Rosatti y Rosenkrantz
Los ministros del máximo tribunal critican irregularidades e ilegalidades cometidas durante las audiencias y señalan falencias en el debido proceso. Además, mencionan falta de respeto al debido proceso y la defensa en juicio, así como producción de prueba sin autorización judicial y la utilización de chats filtrados como prueba, a pesar de haber sido descartados en causas judiciales anteriores. También denuncian hostigamiento a testigos y amenazas con denuncias por falso testimonio.
Los jueces de la Corte Suprema de Argentina, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, han respondido al pedido de juicio político en su contra presentado por la comisión de Diputados. En su respuesta, ambos jueces critican irregularidades e ilegalidades cometidas durante las audiencias y señalan falencias en el debido proceso. Además, mencionan falta de respeto al debido proceso y la defensa en juicio, así como producción de prueba sin autorización judicial y utilización de chats filtrados como prueba, a pesar de haber sido descartados en causas judiciales anteriores. También denuncian el hostigamiento a testigos y las amenazas con denuncias por falso testimonio.
Tanto Rosatti como Rosenkrantz destacan que cumplieron con todos los requerimientos de la comisión en cuanto a documentación y testimonios. Sin embargo, también señalan los vicios de la acusación, como la falta de rigurosidad técnica y el intento de socavar la independencia judicial. Rosenkrantz destaca que se pretende enjuiciarlo por dictar sentencias que no concuerdan con las preferencias ideológicas o políticas de algunos diputados.
En cuanto a los cargos específicos, Rosatti defiende su asunción como presidente del Consejo de la Magistratura y argumenta que no formó parte de ninguna denuncia inicial admitida por la comisión. Además, menciona que la invalidez de los chats filtrados impide conocer su veracidad. Respecto al cargo de haberse atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial, Rosatti lo califica como ininteligible y argumenta que una limitación temporal chocaría con la función revisora de la Corte.