La Justicia detectó un plan sistemático del Gobierno para designar interventores que se queden con los Registros del Automotor, al designarlos de forma irregular o que los manejen familiares o allegados a la cartera política actual. 

La jueza federal de Neuquén Maria Carolina Pandolfi le devolvió el cargo a una interventora desplazada por el actual Gobierno y encontró un “plan sistemático” para remover esos cargos que fueron elegidos entre 2015 y 2019, durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri.

La Directora Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor (DNRPA),María Eugenia Doro Urquiza, dispuso una auditoría oficial que desplazó en el mes de junio a la interventora del registro del automotor n°6 de Neuquén, María Luraschi.

En la auditoría se detectaron errores en la facturación, algunas denuncias de usuarios, consignaciones erróneas de altas y bajas impositivas de vehículos con cambio de radicación, lo que no cumple con el “Instructivo SUCERP patentes”, cobro inexacto de aranceles en trámites de transferencia, provocando un perjuicio económico al usuario y al Estado.

La interventora Luraschi denunció que su baja fue parte de un plan sistemático del Gobierno para remover a los interventores designados durante el mandato de Macri, y expresó: “La remoción se realiza bajo un modelo que es casi idéntico para los distintos registros cuyos encargados interventores fueron designados durante el gobierno anterior. Allí se hace una pseudo auditoría, se le imputan hechos, se les permite realizar un descargo que nunca se considera, se los interviene con gente de la Dirección pero al poco tiempo se designa un amigo de la gestión como interventor”.

Desde el DNRPA declararon que se respetó el debido proceso y el derecho de defensa de la interventora, y la jueza Pandolfi le solicitó al Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria un informe sobre las auditorías realizadas desde 2019.

“Cuatro Registros Seccionales inspeccionados se encontraban a cargo de encargados o interventores designados con anterioridad al año 2015. El resto de las Seccionales (46) se encontraban a cargo de Encargados o interventores designados durante el período 2015­2019. De la totalidad de las sanciones, 17 fueron llamados de atención y en 25 casos se dispuso el cese en la gestión del Encargado o Interventor“, expresó la jueza federal Pandolfi.

Automáticamente dictaminó: “Sin perjuicio de admitir que es posible que en todos los casos, los encargados o interventores designados en el período 2015­2019 y sancionados hayan incurrido en faltas suficientemente graves para fundar la grave sanción aplicada, lo cierto es que el análisis del cuadro general permite considerar por el momento verosímil la hipótesis alegada por la actora, esto es, la existencia de un plan de remoción sistemático que afectó especialmente a los encargados de Registro designados en la gestión de gobierno previa a la actual”, y suspendió la decisión administrativa de apartar de su cargo a Luraschi, ordenando al Estado que le reponga el cargo.