La Justicia suspendió con una cautelar el decreto que declaraba 'esencial' el transporte aéreo
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) había argumentado que tal medida constituía una restricción al derecho de huelga de los pilotos.
La Justicia ha decidido suspender, a través de una medida cautelar, la implementación del decreto que clasificaba al transporte aéreo como "esencial". Esta decisión surge a raíz de una presentación realizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La resolución fue emitida por el Juzgado del Trabajo N° 42, bajo la dirección del juez Ricardo Hierrezuelo, quien determinó la suspensión de los Decretos 825/24 y 831/24. Esta medida se inscribe en el contexto de un conflicto salarial que involucra a Aerolíneas Argentinas, en el cual el gobierno había declarado "esencial" el servicio de transporte aéreo.
APLA ha argumentado que tal medida constituía una restricción al derecho de huelga de los pilotos. En un comunicado publicado en su red social X, el gremio destacó que la resolución judicial respalda el planteo efectuado, alineándose con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en el país.
El derecho de huelga está reconocido en Argentina desde la inclusión del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en 1957, así como en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que poseen jerarquía constitucional. APLA sostiene que, de acuerdo con esto, se mantiene la validez del artículo 24 original de la ley 25.877 y del decreto reglamentario 272/06, en el que se establece que la actividad aeronáutica civil aerocomercial no se encuentra entre los servicios esenciales enumerados.
Por otra parte, los pilotos han manifestado que, de acuerdo con la conducta histórica de APLA, continuarán actuando dentro del marco del Estado de Derecho y responderán a cada acción que consideren ilegal con un compromiso renovado hacia sus reclamos. Asimismo, han expresado su preocupación ante la intervención del Gobierno en el conflicto, sugiriendo que esta acción puede confundir su rol como poder público con el de empleador, lo que podría implicar una violación de las normas vigentes y potencialmente generar responsabilidades al respecto.