El plan de viviendas que la organización de derechos humanos llevaba a cabo con fondos públicos hasta ahora en las provincias de Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Río Negro y dos municipios del conurbano bonaerense ya no será administrado por la misión Sueños Compartidos, que condujo su apoderado Sergio Schoklender hasta el momento de estallar el escándalo.

A partir de ahora, serán manejadas por las administraciones provinciales o municipales y por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación.

De esta manera, la Fundación Sueños Compartidos ya no administrará fondos, lo que implica que no pagará sueldos ni contratará a otras empresas, algo que quedará en manos de cada municipio o provincia.