La designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por parte del gobierno para ocupar cargos en la Corte Suprema, mediante un decreto presidencial, ha generado controversia y acciones legales.

Lijo envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla, dejando claro que no renunciará a su actual cargo de juez federal. Expresó su confianza en que el Senado aprobará su pliego, el cual ya cuenta con un dictamen favorable. Lijo establece que carece de interés acerca de la decisión que pueda caer en las actuaciones de referencia.

El juez Alejo Ramos Padilla tiene en su juzgado la causa abierta por los nombramientos en comisión realizados por Javier Milei. La ex diputada Elisa Carrió presentó un planteo de Amicus Curiae, calificando el decreto como "inconstitucional y nulo". Carrió argumenta que la designación viola la Constitución Nacional y los principios del sistema republicano.

El Gobierno se presentó ante otro juez en la ciudad de Buenos Aires y le requirió que le pida el expediente, argumentando que el juez federal de La Plata no es competente. La jueza del fuero Contencioso Administrativo Federal Cecilia De Negre rechazó el pedido del Estado Nacional para que el magistrado Alejo Ramos Padilla deje de intervenir en el caso.1