El gobierno de Estados Unidos anunció la prohibición de ingreso a su territorio de la expresidenta Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia, y el exministro de Planificación, Julio De Vido.

El Departamento de Estado de EE.UU. acusa a Cristina Fernández y a Julio De Vido de "abusar de su posición para orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de sobornos relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el desfalco de millones de dólares del gobierno argentino". El comunicado también menciona que "Múltiples tribunales han condenado a Cristina Kirchner y Julio De Vido por corrupción".

Las sanciones se imponen bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, extendida por la Ley de Apropiaciones Continuas de 2025. Esta legislación permite al Secretario de Estado sancionar a funcionarios extranjeros y sus familiares directos cuando existen pruebas creíbles de corrupción significativa o violaciones graves a los derechos humanos.

El senador republicano Marco Rubio había promovido en 2022 sanciones contra Cristina Fernández en el Congreso de EE.UU., aunque sin éxito en ese momento.