La designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por parte del gobierno para ocupar cargos en la Corte Suprema, mediante un decreto presidencial, ha generado controversia y acciones legales.

Lijo envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla, dejando claro que no renunciará a su actual cargo de juez federal. Expresó su confianza en que el Senado aprobará su pliego, el cual ya cuenta con un dictamen favorable. Lijo establece que carece de interés acerca de la decisión que pueda caer en las actuaciones de referencia.