El juez Norberto Oyarbide inspeccionó la Superintendencia de Servicios de Salud junto a uno de los imputados en la causa llamada ‘Mafia de los medicamentos’, Gabriel Brito, quien denuncia que le atribuyeron fondos presuntamente concedidos a la campaña presidencial de Cristina Fernández que no aportó.

El magistrado intenta determinar cómo y dónde se llevó a cabo la supuesta reunión en la que Britos declaró haber sido presionado para desviar un préstamo personal que le habría hecho el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, a la campaña electoral de 2007.

“La Cámara Federal le ordenó al juez en abril del año pasado que profundizara la causa, incluyendo responsabilidades políticas. También que se investigara sobre los mecanismos que servían para blanquear este dinero espúrio que se generaba en todos estos negociados”, advirtió la ex Ministra de Salud, Graciela Ocaña, quien fuera interventora del Pami.

“Brito fue el primero en reconocer que no puso los cheques para la campaña y que firmó una escritura ante escribana bajo amenaza”, remarcó la ex funcionaria nacional.

“Oyarbide indagó sobre esa reunión que hubo en la Superintendencia el mismo día que (Héctor) Capaccioli dejaba su cargo. Hicieron un reconocimiento de los lugares donde habían estado reunidos Posse, Lorenzo y Brito”, dijo Ocaña.

“Según Britos, en el despacho de Capaccioli estaba la escribana y también el encargado de la campaña”.

Ocaña remarcó que “Lorenzo no era funcionario pero, evidentemente, había una relación muy cercana con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud”.

“La Superintendencia de Servicios de Salud tenía como objetivo controlar a las obras sociales. Por ejemplo, en el caso de La Bancaria, se registró una gran irregularidad en el padrón de afiliados y situaciones similares se daban en otras coberturas”, sostuvo.

En ese sentido, la ex ministra de la cartera de Salud advirtió la necesidad de “cambiar los procedimientos; el Estado no tiene que liberar recursos sin control a las obras sociales. Esos recursos que los trabajadores aportamos con impuestos al trabajo deben estar destinados a la cobertura de salud y no termine en los bolsillos de los vivos de siempre”. Se refirió así al decreto que firmó el Ejecutivo en los últimos días para transferir 276 millones de pesos a las obras sociales de los sindicatos.

“Las obras sociales cercanas al poder recibían un dinero y las demás un monto muchísimo menor (oscilaba entre 1 y 2 pesos por afiliado hasta 400). Eso es lo que yo me negué a hacer mientras era ministra y lo pagué con mi cargo”, recordó Ocaña.

Obra social de Maestranza. “No es un gremio pequeño, tiene unos 140 mil afiliados. Es una obra social que está involucrada en el sentido de recibir medicamentos de la droguería San Javier. Fue allanada en diciembre último porque estaban denunciadas por presentar al APE (Administración de Programas Especiales) documentación apócrifa”, remarcó.