El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión del juez Sebastián Casanello por la que envió a Río Gallegos la denuncia de la diputada Elisa Carrió para que se investigue si existió el desmantelamiento de una bóveda en la casa de Lázaro Báez luego del primer programa de Periodismo Para Todos.

Marijuán consideró que lo establecido por Casanello es “prematuro” porque no puede “descartarse” que la documentación que se trasladó desde ese lugar a otra propiedad de Báez no tenga relación con la causa por lavado de dinero.

El fiscal dijo que “así, a esta altura de la pesquisa, no es posible inferir que el hecho traído a conocimiento no se encuentre vinculado con las operaciones aquí denunciadas, sobre las cuales compete a esta Justicia federal comprobar su legítimo origen o bien descartarlo”.

Para Marijuán, la denuncia de Carrió sobre la remodelación de la casa de Báez se relaciona con el lavado de dinero y por eso sostiene que debe investigarse en la misma causa. “En efecto, desde el punto de vista objetivo, toda la investigación se centra en el posible lavado de dinero que, a grandes rasgos, habría acontecido llevando a cabo una maniobra que pudo haber consistido en el traslado de grandes sumas de dinero a esta capital, precisamente desde el sur del país, para luego embarcarlas a otros países y desde allí –o incluso desde esta propia Capital Federal–, transferirlas a cuentas bancarias en distintos lugares del mundo y a nombre de sociedades creadas al efecto. En este contexto, no entiendo cómo puede escindirse una presentación que muestra uno de los lugares donde pudo haber estado el dinero antes o después de hacerlo circular con el propósito de lavado antes aludido”.

Marijuán sostiene que el expediente debe quedarse en Buenos Aires ya que “corresponde señalar que precisamente la eventual existencia de documentación y/o dinero en una bóveda particular no resulta inverosímil si se tiene en cuenta que se viene haciendo referencia en la causa a movimientos de dinero fuera del sistema bancario, en el ámbito de la clandestinidad”.

El fiscal consideró que “la demora que conlleva la adopción de decisiones tales como la aquí cuestionada, pueden poner en grave riesgo el aseguramiento de los elementos de prueba que permitan corroborar o no los hechos develados”. Haber enviado la causa a Río Gallegos implica, para Marijuán, “el entorpecimiento del curso de la investigación, conspira contra la celeridad que debe regir todo proceso y frustra la obtención de prueba vital para la prosecución de la pesquisa”.

Además de apelar la decisión de Casanello, Marijuán se ofreció para seguir a cargo del caso si es que el juez le quiere delegar la investigación. Y criticó que a Baéz no se lo haya imputado al principio de la causa, cuando –según la información de la denuncia de Carrió– se habría desmantelado la bóveda de Báez.