Comenzó el debate en la Cámara Alta de la Ley Argentina Digital, un proyecto enviado por el Ejecutivo que fue analizado en la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación del Senado con la presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación, Julio De Vido.
 
También estará presente el secretario de Comunicaciones de la Nación, Norberto Berner. El proyecto impulsa “declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados”, garantizando la “completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso” de todos los argentinos “a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas”.
 
La iniciativa, que reemplaza un decreto-Ley del año 1972 firmado durante la dictadura del general Alejandro Lanusse, tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.
 
Por ello, los clientes podrán elegir al prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar.
 
Asimismo, se establece que para el Estado argentino las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) resultan fundamentales para el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los ciudadanos sin importar condiciones geográficas o socioeconómicas.
 
En otro sentido, se propone reestructurar los servicios incluidos en el concepto de “Servicio Universal” que deberán tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país.
 
El proyecto regula las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet, la televisión por satélite y por cable.
 
Además, define como “servicio público en competencia” a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como “última milla” o “bucle local”.
 
Uno de los puntos sobresalientes del proyecto es el que permite a las telefónicas que puedan prestar servicios audiovisuales. Lo único que deben hacer esas empresas para dar contenidos audiovisuales es tener contabilidades separadas y no ser “anticompetitivas”.
 
Los licenciatarios audiovisuales podrán prestar servicios de telecomunicaciones a través de la misma red. Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores.
 
Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la autoridad de aplicación que designará el Poder Ejecutivo Nacional, que también definirá qué operadores deben “desagregarse de la red local” o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.
 
“La ley tiene un artículo en el que permite expresamente brindar el servicio ‘triple play’ que hayas ahora estaba vedado por otras dos leyes”, explicó en Continental el legislador Gerardo Milman, del GEN.
 
“La ley parte de la convergencia digital, es algo muy razonable. No se le puede pedir a alguien que construya una autopista y después diga que sólo van a pasar autos de una determinada marca”, precisó en Bravo.Continental.
 
“Lo que el estado debería hacer es ponerse del lado de los medianos y pequeños empresarios; aquí la autoridad de aplicación es quien va a regular y fijar el precio, algo que podría causar la desaparición de los más chicos para que los más grandes se queden con todo el mercado”, señaló.