Obra pública: la Fiscalía pidió que la Corte condene a Cristina Fernández por asociación ilícita
El fiscal general, Mario Villar, pidió una condena a doce años de prisión. Además, objetó la sentencia por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que denegó la solicitud del Ministerio Público Fiscal de aplicar la figura de asociación ilícita "sin contestar" a las críticas hechas por el fiscal general a la decisión de primera instancia.
La fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema que imponga una condena de 12 años de prisión a Cristina Fernández por el delito de asociación ilícita. Esta solicitud fue presentada por el fiscal general, Mario Villar, en respuesta a la reciente decisión de la Cámara de Casación Penal, que había confirmado una condena previa en el caso relacionado con el direccionamiento de obras públicas a favor de empresarios vinculados a su administración.
En su argumentación, la fiscalía sostiene que la sentencia emitida por la Cámara de Casación simplemente reproduce los planteamientos realizados por el Tribunal Oral Federal N°2, el cual ya había condenado a la exmandataria. Según el fiscal Villar, dicha sentencia no aborda las críticas formuladas por él respecto a los argumentos presentados, lo que a su juicio la convierte en una decisión arbitraria y, por ende, justifica el recurso ante la Corte Suprema.
En el año anterior, la Cámara de Casación confirmó la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner por un total de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, hallándola culpable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en el contexto de la conocida causa Vialidad.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes formaron parte de la decisión mayoritaria de la Cámara de Casación, decidieron no hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal de aplicar la figura de asociación ilícita en este caso específico. Esta decisión ha generado un nuevo capítulo en el proceso judicial que involucra a la exmandataria, quien ha mantenido una postura defensiva frente a las acusaciones en su contra, argumentando que se trata de una persecución política.