La prestigiosa aseguradora Lloyd´s alertó al mercado por una vía ilegal de comercio de oro entre Venezuela, Teherán y Turquía, con presuntos lazos de terrorismo en la región, por lo que se incautó el avión en Ezeiza y los tripulantes quedaron a disposición de la justicia.

En un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Ezeiza, el pasado mes de junio, después de que Uruguay le denegara el ingreso al país, se inició una investigación impulsada por Estados Unidos donde se realizó una exhaustiva revisión de carga y documentación aportada por la tripulación.

La aeronave había sido adquirida por la flota venezolana tras pertenecer por 15 años a la aerolínea iraní Mahan Air, quien tendría vínculos con el grupo Al Quds, un grupo terrorista según Estados Unidos. 

En un análisis por parte de la justicia argentina en colaboración de otros países, se analiza la hoja de ruta del avión de Emtrasur que registra vuelos a Paraguay, Bielorrusia, Irán y Moscú, con una tripulación muy superior a la esperada para ese tipo de transporte, con cinco tripulantes iraníes.

Ante el pedido proveniente de Washington de embargar la aeronave, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo en un discurso público: “Se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida. O sea que a partir de ahora un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo”, afirmó Maduro. “¿No hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?”.  

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, reveló que habían obtenido información que vinculaba a algunos miembros de la tripulación con empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, acusados de participar del atentado a la AMIA en 1994, dejando un saldo de 85 personas.

El pasado mes de agosto se apeló la medida del Juez Federico Villena quien lleva adelante el caso, de liberar a 12 de los 19 imputados. Dicha medida fue ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones seis semanas más tarde.