Están jugando con fuego. El gobierno de Cristina y su poderoso aparato estatal están forzando al máximo la paz social y no sienten culpa por el deterioro que eso le pueda generar a la democracia. No solamente hablo del nivel de extorsión de estado sobre los medios de comunicación, los empresarios, los bancos, los supermercadistas. Se trata de aprietes que violan las normas y que se apoyan solo en el autoritarismo de la discrecionalidad sin un solo papel o ley que los respalde. Van por todo y hacen lo que se le canta. Se llevan por delante las leyes y no respetan ni los fallos de la Corte Suprema.

Y ni siquiera se ponen colorados. Pero las cosas se están agravando. Porque están pasando a la acción directa para desestabilizar a los gobernantes elegidos por el pueblo que no se arrodillan ni se dejan domesticar. Están actuando como verdaderos destituyentes. Es lo que denunció con todas las letras, con nombres y apellidos ayer por estos micrófonos el intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez. Y le recuerdo que tanto Gutiérrez como el jefe comunal de Junín, Mario Meoni son radicales que apostaron por el cobismo en su momento pero que no son petardistas ni andan tirando denuncias al voleo todos los días.

Gutierrez acusó directamente a las cooperativas de trabajo del ministerio de Alicia Kirchner y al personal de la ANSSeS que conduce Diego Bossio de haber provocado el vandalismo y los actos delictivos en Junín con el único objetivo de derrocar al intendente. Hablaron de camionetas con bombas molotov, de motoqueros organizados, de patoteros llegados en combis. El jefe del Consejo Deliberante habló de intento de golpe de estado. Nada menos.

La gravedad de las denuncias hizo que le repreguntara a Gutiérrez si tenía pruebas para semejante acusación. Dijo que tienen videos y fotos que lo certifican. ¿Se da cuenta de que estamos hablando? De utilizar la violencia desde el aparato estatal y para estatal para incendiar los territorios que no se subordinan a Cristina. Le pregunté a Gutiérrez si esa movida incluía también a intendentes como Sergio Massa o al mismísimo gobernador Daniel Scioli y lo confirmó.

El diputado Gustavo Ferrari había dicho algo parecido pero sin dar nombres. Puso como ejemplo a los medios de comunicación del amigopolio kirchnerista y a los voceros del gobierno que utilizaron un discurso unificado y casi sin variantes. Todos le apuntaron a Scioli, a su ministro Ricardo Casal y al intendente. Salieron todos juntos con el mismo discurso. Lo mas inquietante y peligroso desde lo institucional es que la orden de largada la dio la propia presidenta de la Nación. En su discurso por cadena nacional de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Cristina apuntó en el tema inseguridad contra Scioli y Massa. Se refirió a los que hacen la plancha y tienen protección mediática y a la casualidad de que justo se habían roto las cámaras de seguridad cuando hubo violencia y tiros entre la propia barra brava de Tigre.

Después llegaron acusaciones de malversación de fondos para Massa en la justicia. Carlos Kunkel habló de la parálisis en la gestión de Scioli y Sergio Urribarri, convocó a un acto del kirchnerismo donde marginó explícitamente a Scioli. A Massa , directamente no lo tienen en cuenta. Hasta ahora la violencia simbólica ejercida desde lo mas alto del poder incluía aprietes con la AFIP y la SIDE, carpetazos amenazantes, cierre del grifo de los fondos nacionales, y agitación de gremios e intendentes K. Pero la novedad es que en las últimas horas parece que se tiran con el caos, el vandalismo y los disturbios por la cabeza.

Hasta se rumorea que al intendente que se haga el vivo como Massa o al gobernador, serían capaces de tirarle un cadáver en el territorio. Si esto se confirma la violencia ya deja de ser simbólica para transformarse en real. La irresponsabilidad es tan grande que no dudan en prender fuego un municipio o la provincia sin entender que allí vive gente y que esas llamas llegaran inexorablemente hasta la Casa Rosada. Cuando el hartazgo de la sociedad llega a su límite no se hace diferencias entre los funcionarios. Todos son culpables. Que se vayan todos decían en el 2001. Nadie podía salir a la calle.

Sería una locura que dinamitaran todo lo que la democracia consiguió en treinta años. Sería imperdonable que otra vez, después de 40 años quieran hacer la revolución destruyendo las instituciones y la paz social. Sería el segundo fracaso histórico de una generación que proclama democracia y ejerce autoritarismo. Destituyentes y corruptos no deben tener lugar en esta tierra. La democracia debería extirparlos. Y meterlos presos. No debemos tolerar a los golpistas ni a los ladrones. El único lugar para ellos es la cárcel.