En los últimos días apareció en toda su dimensión un Estado que encubre a los funcionarios investigados por la justicia y, simultáneamente, otro Estado, que persigue a los que se atreven a pensar distinto y expresarlo. Por eso esta es una columna en dos partes. Son dos caras de la misma moneda autoritaria.

Mañana hablaremos de la maquinaria que castiga a quienes tienen la osadía de hacer pública su disidencia. Pero hoy quiero poner el acento en la utilización de todos los mecanismos del Estado para que los amigos y militantes del oficialismo tengan una red de protección frente a las investigaciones de la justicia o del periodismo. Ya hemos hablado largamente de la manera en que este gobierno esterilizó o vació de contenido los organismos de control republicano. Me refiero a la cooptación de una parte de la justicia a la que le colocó la camiseta partidaria y a otra a la que se le metió miedo.

Cuando ven el mal trato que el gobierno le dio a dos de sus amigos y aliados como el ex procurador Esteban Righi y el juez Daniel Rafecas, el mensaje llega clarito a todos. Es una señal más vieja que el peronismo que dice: a los enemigos ni justicia. Y no se metan con nosotros. Con el gobierno no se jode. Eso se completa con un Consejo de la Magistratura diseñado para poder bloquear los castigos a los malos jueces del palo y para premiar a los jueces que se muestran dóciles hacia el poder ejecutivo.

La realidad es que los organismos de control fueron colonizados o directamente destruidos con la excepción de la Auditoria General de Nación que conduce Leandro Despouy. No es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Hay un plan sistemático de domesticación y sometimiento de la justicia y los medios que se viene ejecutando sin prisa pero sin pausa. Ocurre que en estas horas se han expresado con todo obscenidad. El objetivo de que el gobierno controle todo y que nadie pueda controlarlo, involucró a la Defensoría del Pueblo, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la SIGEN, y hasta del Consejo de la Magistratura como le contaba recién.

Pero eso no fue todo. La presidenta, fiel a su anuncio del “Vamos por todo” que hizo en Rosario ahora avanzó sobre procedimientos que el periodismo viene utilizando hace años para investigar. Es que en el oficialismo se creen los dueños de la información pública.

En Brasil, Dilma Rouseff está a punto de publicar en internet los sueldos de todos los empleados públicos del país. Un aporte a la transparencia, a dar la cara ante la sociedad. Acá se cierran todos los grifos. Se oculta, se ponen vallas para el trabajo periodístico. Todo pareció armado para proteger a Amado Boudou, pero es un artefacto de impunidad que le sirve a cualquier funcionario. Porque están bloqueando el acceso a fuentes públicas.

Lo sufrió en carne propia Hugo Alconada Mon en La Nación cuando quiso averiguar datos sobre el vicepresidente Amado Boudou y la imprenta ex Ciccone. El Estado se hace cómplice porque cierra en lugar de abrir. Oculta en lugar de revelar. Cercerna el derecho de acceso a la información pública. No dan respuestas a los pedidos legítimos y legales que legisladores y periodistas hacen a los distintos organismos del Estado.

Lo más grave pasó con la Casa de la Moneda y con la Inspección General de Justicia. En el primer caso, su titular, Katya Daura, puesta en ese lugar por su amistad con el vicepresidente tuvo la caradurez de retar al diputado Ricardo Gil Laavedra por una consulta de datos que le hizo. Le recomendó que no se dejara guiar por los grupos económicos en sus pedidos. Los ciudadanos necesitamos en forma urgente una Ley de Acceso a la Información Pública que haga más honrada y republicana a esta democracia.

De todos modos, en el 2003 un decreto del propio Néstor Kirchner autorizó a entregar la información que se reclamaba. La Inspección General de Justicia que depende del ministro Julio Alak cambió sus procedimientos para solicitar datos de una sociedad comercial. Ahora, hay que justificar el “interés legítimo” y nada les parece suficiente. Como si la investigación de un posible caso de corrupción grave que involucra a la segunda autoridad del país no fuera suficiente interés legítimo.

Después dijeron que el expediente de la misteriosa empresa The Old Fund se extravió. Que casualidad causal. ¿O tal vez robaron ese legajo tan importante? ¿A nadie del poder le interesa saber quienes son los dueños de la empresa que fabrica billetes? ¿O prefieren ni enterarse? ¿Tienen miedo de destapar la olla y encontrarse con un espejo? Es un Estado que mira para otro lado. Un Estado que no combate la corrupción en sus propias filas es un estado que encubre. Y un Estado que encubre es cómplice de esos delitos.