La gran pregunta que siempre hay que hacer para juzgar a una ley es la siguiente: ¿Amplía o reduce los derechos de los ciudadanos? ¿Protege o tira abajo de un camión al argentino común y silvestre, al laburante eterno, el eslabón mas débil de la cadena? Y la respuesta es absolutamente contundente: la ley de responsabilidad del estado es una garantía de impunidad para los funcionarios y corta el hilo por lo mas delgado. Nos quita instrumentos a todos y a todas para defendernos frente a la prepotencia, la corrupción, la intimidación o la negligencia del estado.

Fiel a su costumbre, el kirchnerismo instala rótulos positivos que luego malversa y profana en los contenidos. Decían querer democratizar la justicia cuando en realidad el objetivo era someter a los jueces independientes. Proclamaron la pluralidad de voces para los medios y el resultado fue la creación de un monopolio oficial y para oficial y el ataque al periodismo que no se alquila. En este caso pasa lo mismo. La ley de responsabilidad del Estado en realidad es una ley de irresponsabilidad. Necesitamos funcionarios que se hagan cargo, que sean cada vez mas eficientes y honestos y no una ley de lavado para los corruptos e inútiles.

Si se aprueba esta ley será una forma de lavar las manos ensangrentadas de Ricardo Jaime con el siniestro de estación Once, por ejemplo. Lo dijo con claridad la doctora Elisa Carrió: es una ley de autoamnistía para proteger a los funcionarios K en retirada. Es una ley para que celebren los Amado Boudou, los Julio de Vido, los Lázaro Báez y los Guillermo Moreno. Lleva la firma de Abal Medina que pasó a la clandestinidad y de un ministro que no es y solo pone la cara como Julio Alak.

Fueron 129 los diputados nacionales que la votaron a paso redoblado. Tal vez algún día se arrepientan de haber instalado la impunidad para los que degradan la política, meten la mano en la lata y se enriquecen en forma ilícita. Tal vez la Corte Suprema de Justicia pueda declarar su inconstitucionalidad. Pero el daño moral ya está hecho. Es de una profunda concepción autoritaria poner a los funcionarios del estado por encima del ciudadano, elitismo en estado puro. Es una discriminación intolerable en democracia. Es darle una garrote mortal a la República, como dijo la diputada Margarita Stolbizer.

Este gobierno que se llena la boca con el tema de los derechos humanos será el responsable de dejar sin reparación a los que sean víctimas de violaciones a las libertades o de estafas desde el poder. Pertenecer tiene sus privilegios, decía una vieja publicidad. Y eso es lo que pretenden Cristina y sus legisladores. Darle privilegios a los funcionarios y arrancarle derechos a los ciudadanos.
 
¿Eso es progresismo? ¿O lo hacen en defensa propia? Me hace acordar al viejo chiste en el que un ministro le preguntaba al presidente porque estaban construyendo cárceles lujosas y escuelas modestas . Y ese jefe de estado le respondió : en la escuela ya estuvimos.
La justificación del oficialismo en boca de Diana Conti fue que se intenta atacar la ambición depredadora de la industria del juicio. Nadie bien nacido puede estar a favor de esos buitres del derecho. Pero se los combate con eficiencia, investigación y denuncia y quebrando los lazos de complicidad que esos estudios suelen tener con un sector del poder político.

Jamas se puede combatir a los buitres matando todos los pájaros. O dándole un cheque en blanco al estado para que haga uso y abuso de su poder. El estado no debe ser garantía de impunidad. Debe cuidar y multiplicar los derechos de los ciudadanos.

Un estado democrático y realmente progresista debe incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Defender al hombre común y ser fiscal del poder. Estar siempre del lado del mas débil. Y no convertirse en una guarida, en el aguantadero de la corporación defensora de poderosos y corruptos.