Cuando oye hablar de Leopoldo López, privado de la libertad desde febrero de 2014 y condenado a 13 años de prisión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, frunce el ceño y procura establecer una sutil diferencia entre preso político y político preso. Lo llama político preso. En la cabeza del sucesor del difunto Hugo Chávez, reencarnado en un pajarito, no cabe la posibilidad de que en su país haya un solo preso político o de que se violen los derechos humanos. Se trata, como el juego de los dispositivos móviles Pokémon Go, de otra vileza de “la cultura de la muerte que ha creado el capitalismo”.

Desde mayo de 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas, según documentó la organización Human Rights Watch (HRW). Las acusan de planificar, instigar o participar de acciones violentas contra el gobierno, La mayoría sufrió golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual y de muerte. El ministerio público no presentó evidencias creíbles contra los imputados. El delito era portar panfletos para la liberación de los presos políticos o para la celebración del referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro que aprobó la Asamblea Nacional.

Un mes después, en junio, el gobierno despidió a decenas de trabajadores del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria por apoyar el referéndum revocatorio, dice HRW. Esa instancia, a la cual se resiste Maduro, está contemplada en la Constitución. La estrenó Chávez en 2004 con un 59,1 por ciento de votos a favor de su permanencia en el gobierno. La consulta, impulsada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), debería hacerse en 2016. Si Maduro pierde, se celebrarían nuevas elecciones. De demorarse hasta 2017 y el resultado resulta adverso para Maduro, asumiría el vicepresidente hasta las próximas elecciones regulares.

“Maduro habla sobre diálogo en el exterior, pero en su país reprime a la disidencia política”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, durante la presentación del informe sobre Venezuela en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). La Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se instó al diálogo en desmedro de la aplicación de sanciones por medio de la Carta Democrática, “debería ejercer mayor presión”, agregó, de modo de persuadir al gobierno sobre las consecuencias de “continuar castigando brutal y autoritariamente a la disidencia”.

Entre los detenidos, José Gregorio Hernández Carrasco, estudiante de 20 años de edad, había participado el 18 de mayo de una guarimba (protesta contra el gobierno). Lo capturaron dos días después en su trabajo, según contó. “Lo golpearon y lo torturaron hasta que aceptó firmar una confesión luego de que los agresores amenazaran con violarlo”, detalla el informe de HRW. Le aplicaron “descargas eléctricas”, le cubrieron “la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia” y le colocaron “un palo en el recto”. Permanece detenido. Ha sido procesado penalmente sin “pruebas creíbles” en su contra.

En Venezuela, añade HRW, el patriota cooperante tiene la facultad de señalar a los opositores del gobierno como si fueran traidores y exponerlos a ser detenidos. Diosdado Cabello, chavista de la primera hora y presidente de la Asamblea Nacional hasta enero, dijo en un programa de la televisión pública en mayo: “Si hay escuálidos (opositores políticos) infiltrados [en las oficinas públicas] y quedan al descubierto, se van a tener que ir de los cargos donde están”. En junio, un después, Cabello instó a “todos y todas en la gobernación, las alcaldías y los ministerios a revisar nombre por nombre, cargo por cargo”, la identidad de los escuálidos. Y revelarla a las autoridades.

Jorge Elías

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