La Cancillería uruguaya denunció a la Justicia un presunto intento de soborno a miembros de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), de administración compartida con Argentina, en medio de una polémica entre los dos países por el tema.

El expediente presentado incluye las versiones desgrabadas de las reuniones entre las delegaciones uruguaya y argentina en la CARP. Además, también se pusieron a disposición de la Justicia las comunicaciones confidenciales del presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, al canciller Luis Almagro sobre este tema.

En las notas se hace referencia a un supuesto intento de soborno a Bustillo para beneficiar a la empresa holandesa Riovía, que se encarga de las obras de mantenimiento del canal Martín García, en una nueva licitación para el dragado actualmente en curso.

En una comparecencia ante el Parlamento, Bustillo denunció una conversación con el exvicecanciller argentino Roberto García Moritán, en la que supuestamente se habló de la posibilidad de repartir el dinero a cambio de apoyar a Riovía. García Moritán negó esa acusación, de la que se hizo eco el diario Clarín y que él consideró “temeraria y absurda” además de “una calumnia”.

En las últimas semanas, las Cancillerías de ambos países intercambiaron notas y comunicados sobre el tema, lo que subió la temperatura en las relaciones bilaterales.

La administración de Cristina Fernández pidió a Uruguay en un comunicado el pasado fin de semana que haga lugar al exhorto judicial enviado por Argentina para que Bustillo declare en la causa sobre supuestos sobornos para favorecer a Riovía que se inició en Buenos Aires.

Además, el Gobierno argentino solicitó a las autoridades uruguayas que retiren la inmunidad diplomática a Bustillo para que sea investigado en una causa por presuntas irregularidades en la importación de automóviles extranjeros y que, según el embajador uruguayo, ya fue archivada.