Sesenta y nueve personas fueron detenidas al término de la nueva marcha convocada por los estudiantes en Santiago de Chile para exigir educación pública, gratuita y de calidad, y rechazar la propuesta del Gobierno de Sebastián Piñera. El nuevo proyecto del oficialismo trasandino estipula que el Estado se haría cargo de la gestión de los créditos y becas universitarias, pero no otorga la gratuidad que los estudiantes reclaman.

Según el balance ofrecido por la Intendencia Metropolitana y por Carabineros, 69 personas fueron detenidas ayer, primero alrededor de la Estación Mapocho y, posteriormente, en los paseos Ahumada y Bulnes y en los campus universitarios.

La intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, quien previamente acusó a los "encapuchados" por los incidentes, después destacó el "responsable liderazgo" de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), que había convocado la manifestación, por "solicitar la autorización a la Intendencia Metropolitana en los plazos legales, respetar el recorrido acordado, instalar el escenario anunciado y finalizar la actividad en el horario comprometido".

El objetivo de la manifestación fue protestar contra la propuesta del gobierno de trasladar la gestión de los créditos y becas, para acceder a la enseñanza universitaria, de la banca privada al Estado, "una medida que consideran insuficiente para conseguir una educación pública, gratuita y de calidad".

Por su parte, el ministro de educación chileno, Harald Beyer, señaló que está en contra de la gratuidad de la educación al considerar que "es una política injusta" porque permite que dos de cada diez "alumnos vulnerables" lleguen a la educación superior frente a los nueve de cada diez "alumnos adinerados".

El nuevo sistema regirá para las universidades privadas y las públicas -que también son pagas-, pero no contempla la principal demanda estudiantil de que el sistema estatal de enseñanza superior sea gratuito.

Al respecto, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami por el Partido Progresista, consideró que "el fin de los créditos universitarios a través de bancos y la creación de fondo estatal es una medida básica pero aún insuficiente", ya que el Estado "debe asumir su rol con la sociedad y ofrecer educación de calidad, laica y gratuita”.