El gobierno cubano aprobó nuevas medidas para evitar la evasión de impuestos en la compraventa de viviendas entre privados al declararlas por menor valor o "enmascararlas" como donaciones, para reglamentar estas operaciones aprobadas a partir de las reformas iniciadas en los últimos años pero prohibidas durante décadas, informó hoy la prensa oficial.

Una de las disposiciones adoptadas establece "un nuevo valor referencial, con relación al mercado, para aplicar a la transmisión de viviendas por donación y compraventa".

Aunque la nota no ofrece detalles específicos, indica que con esta decisión "se definen variables para la determinación del valor referencial como la cantidad de dormitorios, la tipología constructiva, las facilidades urbanísticas, la importancia de los asentamientos, y la existencia de garajes, patios y jardines".

"La medida se adopta ante la subdeclaración de ingresos, tanto de vendedores como compradores, quienes declaran un precio menor al del acto real de compraventa", refirió el diario oficial y añade que se están "enmascarando" compras como donaciones, lo cual también "constituye evasión fiscal".

El reporte aclara que se mantiene el impuesto de cuatro por ciento establecido para la compraventa de viviendas entre particulares, una posibilidad que fue autorizada en 2011.

Las operaciones de compraventa de viviendas experimentaron un crecimiento de tres por ciento durante 2013, según datos del Ministerio de Justicia.

Para paliar el problema de la vivienda en el país, en 2010 el gobierno cubano abrió la concesión de licencias de construcción y liberó la venta de materiales, y el año pasado amplió un plan de créditos y subsidios para reparar, conservar y construir casas por esfuerzo propio.

El Banco Central de Cuba (BCC) entregó en los últimos tres años un total de 3.231 millones de pesos (unos 135 millones de dólares) en créditos a particulares, de los que 63 por ciento se destinaron a la construcción y reparación de viviendas.

En el caso de las viviendas construidas con apoyo estatal, el Consejo de Ministros ha ordenado ahora la obligación de ingresar al Presupuesto del Estado el monto del subsidio otorgado en el caso de que el propietario venda o done la vivienda en los primeros 15 años a partir de la adquisición de la propiedad.

También ha decidido que las viviendas asignadas por el Estado en régimen de propiedad, tendrán que pagar el valor de su construcción a precios del mercado minorista.

La vivienda es uno de los principales problemas sociales en Cuba, donde el fondo habitacional estatal asciende a más de tres millones de inmuebles, de los que casi 40 por ciento está en mal estado, mientras el déficit general se calcula en más de 600.000 casas.