El parlamento de El Salvador aprobó el estado de emergencia que suspendió temporalmente algunas protecciones constitucionales en el país centroamericano luego de una ola de asesinatos atribuidos a bandas criminales.

La policía reportó un total de 62 homicidios el sábado, convirtiéndolo en el día más violento en casi tres décadas.

“Aprobamos el régimen excepcional, que permitirá a nuestro gobierno proteger la vida de los salvadoreños y enfrentar la criminalidad de frente”, dijo Ernesto Castro, presidente del congreso, tras una sesión extraordinaria en la madrugada del domingo.

El país registró 1.140 asesinatos en 2021, un promedio de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, pero aún considerablemente más bajo desde el final de la guerra civil en 1992.

En 2015, El Salvador, hogar de unos 6,5 millones de personas, registró una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Las medidas de emergencia darán lugar a restricciones a la libertad de reunión. También restringirá el derecho a ser informado del motivo de la detención y el acceso a un abogado al ser detenido, además de permitir la detención administrativa de más de 72 horas.

El presidente NayibBukele, quien solicitó al parlamento la aprobación de las medidas de emergencia, elogió la medida tras la votación.

“Las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuando sea necesario. Para la gran mayoría de las personas, la vida continúa normal. Dios nos bendiga a todos”, escribió Bukele en Twitter.

También dijo que estaba ordenando al jefe de prisiones del país que llevara a cabo un encierro inmediato las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de los presos de pandillas en sus celdas.

El presidente también dijo que la comida se racionalizaría diciendo que “no quitará el presupuesto de las escuelas para alimentar a estos terroristas”.

El ministro de Justicia y director general de Centros Penales, Osiris Luna, confirmó la orden agregando en Twitter que: “Tendrán 2 horarios de comida por día y se revisará el menú para que sea menos costoso en las cárceles de Máxima y Seguridad”.

Las cifras muestran que la tasa de homicidios ha disminuido de manera sostenida desde que el presidente Bukele asumió el cargo en 2019.

Pero los críticos dicen que la administración de Bukele ha estado marcada por un retroceso democrático, ya que ha buscado consolidar su control sobre los poderes legislativo y judicial.

Su gobierno también ha sido acusado de negociar un pacto con las dos principales pandillas, ofreciendo a los pandilleros mejores condiciones de prisión, dinero y otros beneficios a cambio de que reduzcan las tasas de homicidios y den apoyo electoral al partido de Bukele en las elecciones legislativas. Él ha negado repetidamente esas acusaciones.