El gobierno japonés ejecutó el martes la sentencia de muerte de un hombre condenado por cometer un apuñalamiento mortal hace 14 años en el concurrido distrito comercial de Akihabara en Tokio.

Kato Tomohiro fue acusado de embestir con un camión a una multitud de compradores en junio de 2008 y luego apuñalar indiscriminadamente a los transeúntes. Siete personas murieron y otras 10 resultaron heridas.

Kato fue ejecutado el martes por la mañana en el Centro de Detención de Tokio, donde estuvo encarcelado.

En 2015, la Corte Suprema rechazó la apelación de Kato y finalizó la sentencia de muerte dictada por los tribunales inferiores. El juez dijo que la gravedad del crimen no dejaba lugar a la indulgencia.

Es la segunda sentencia de muerte ejecutada bajo el actual gobierno del primer ministro Kishida Fumio. La primera fue en diciembre.

Actualmente hay 106 presos en el corredor de la muerte nipón, según las cifras actualizadas hoy por el Ministerio de Justicia.

Japón es junto a Estados Unidos el único país democrático e industrializado que aún imparte la pena capital, una práctica criticada por organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) no sólo por su vigencia, sino por el método (la horca) y porque se suele avisar al reo con pocas horas de antelación.

En este sentido, Furukawa apeló a la independencia jurídica de Japón y al hecho de que las encuestas que baraja el Gobierno señalan un apoyo mayoritario de la población hacia la pena capital.

Las ejecuciones se someten a “un estudio exhaustivo” y esta pena se aplica “para casos extremadamente crueles y graves”, añadió.

El viceportavoz del Gobierno Yoshihito Isozaki declaró hoy por su parte que en un momento en el que “siguen ocurriendo crímenes extremadamente viles y crueles, no es apropiado abolir la pena de muerte para esos criminales”.

En un comunicado publicado horas después de la ejecución, Amnistía Internacional criticó duramente la actitud de Japón y lo acusó de usar la opinión pública “como excusa para no dar ningún paso hacia la abolición de la pena de muerte”, pese a que pertenece a organismos que instan a sus miembros a erradicar esta práctica.