El próximo domingo 1 de agosto más de 93 millones de mexicanos que cuenten con una credencial para votar han sido convocados para un ejercicio inédito en la historia del país: Claro, será la primera consulta popular constitucional a nivel nacional, avalada por la Suprema Corte de Justicia y organizada por el Instituto Nacional Electoral para decidir si se debe o no “enjuiciar a los ex presidentes”.

El proyecto liderado por el  presidente Andrés Manuel López Obrador, ha polarizado a la opinión pública.

Están los que la apoyan y destacan sus virtudes como un evento democrático y de participación ciudadana.

Y por otro lado, están también los que la critican y señalan que se trata de propaganda, pues el gobierno está obligado a investigar y procesar a quienes comentan abusos o delitos, incluidos los ex mandatarios. Pero perdemos de vista lo más importante. Ha quedado relegado (sin discutir y sin solución) el problema de fondo: la incapacidad institucional para el esclarecimiento de la mayoría de los delitos que se cometen México.

 esta consulta ha sido toda una carrera de fondo para el presidente mexicano. Ya desde antes de acceder al poder, Andrés Manuel López Obrador  planteó la necesidad de dejar que la población se pronunciara sobre si se debía enjuiciar a los cinco anteriores presidentes de México por diversas razones.

El pasado mes de junio, volvió a acusar a Carlos Salinas de Gortari de beneficiar a sus allegados durante su mandato sin hacer licitaciones públicas. A Ernesto Zedillo, por convertir deudas privadas en deuda pública en el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

También a Vicente Fox lo señaló porque "cargó los dados en la elección del 2006 (cuando AMLO quedó en segundo lugar y denunció un presunto fraude electoral) para imponer a Felipe Calderón, es un atentado a la democracia", dijo.

Mientras que a  Calderón lo acusó por la conocida "guerra contra el narco" que lideró y que "convirtió al país en un cementerio". De su predecesor, Enrique Peña Nieto, dijo que debía ser juzgado por "actos evidentes" de corrupción y por el señalamiento que el exdirector de la petrolera estatal, Emilio Lozoya, hizo contra él por supuestamente participar en una red de sobornos.

El propio Andrés Manuel López Obrador  insiste en que la idea sigue siendo saber si se quiere o no que se investigue y se juzgue a los cinco ex presidentes.

"Es otro texto, pero en esencia es eso", dijo hace unas semanas, pese a que la pregunta reformulada ya no hace ese planteamiento.

Pero la incertidumbre es aún mayor a la hora de responder quizá la pregunta más importante: ¿de qué servirá realmente si gana el sí con la participación necesaria para que sea vinculante?

Crespo cree que "no tendrá ninguna consecuencia concreta". "No lo sabemos. Amaneceríamos el lunes sin saber qué implicaciones tiene o para qué sirve. Por eso digo que, sea cual sea el resultado, va a ser estéril", responde Salazar.

Y va más allá. "La mejor prueba de la irrelevancia de la consulta es que la Fiscalía tiene las mismas obligaciones el día de hoy que el próximo lunes a la hora de actuar en asuntos de corrupción. La consulta no cambiará en nada sus facultades, responsabilidades o funciones. en nada".