La justicia brasileña imputó a cuatro ex diputados por su presunta implicancia en el gigantesco escándalo de corrupción en la estatal Petrobras que causó un fuerte impacto negativo en la imagen de la presidenta Dilma Rousseff. Se trata de la primera denuncia aceptada por la Justicia contra ex parlamentarios, en el marco de la operación Lava Jato, que investiga los desvíos de recursos públicos en empresas estatales, principalmente Petrobras, responsable de cerca el 12 % del producto interno bruto (PIB) brasileño.

Entre los imputados por la justicia, se encuentran los ex diputados André Vargas, que era correligionario de la mandataria Rousseff, en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Luiz Argolo, del opositor Solidaridad (SD). También figuran los ex parlamentarios Pedro Correa, del oficialista Partido Progresista (PP), y su hija, Aline Correa, también del PP.

El Ministerio Público Federal (fiscalía) de Brasil acusó formalmente este mes a los cuatro ex diputados por delitos como corrupción, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal. Los desvíos en Petrobras, que la estatal calcula le costaron 6.200 millones de reales (2.053 millones de dólares) desde 2004, son investigados hace poco más de un año y llevaron a prisión a cinco ex directores de la empresa y a una veintena de ejecutivos de importantes constructoras del país.

Según las investigaciones, las constructoras pagaron sobornos a cambio de ser favorecidas en las licitaciones de Petrobras y esos fondos eran distribuidos entre los partidos políticos que apoyaban las corruptelas. La máxima corte del país investiga a unos cincuenta políticos por su supuesta implicación en el caso, la mayoría de la base aliada de la presidenta.