La Justicia española suspendió hoy la citación de la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, para que declare en calidad de imputada por el caso de corrupción Nóos, según fuentes judiciales.

La decisión se produce tras el pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que esta misma mañana presentó un recurso de apelación en contra de la imputación de la hija del monarca, que había sido citada a declarar el próximo 27 de abril.

El fiscal Pedro Horrach considera que no existen indicios criminales “suficientes” que relacionen a la infanta Cristina con las actividades del Instituto Nóos, organización a través de la cual su marido, Iñaki Urdangarín, y el ex socio de éste, Diego Torres, se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público.

En su escrito de 20 folios presentado en los juzgados de Palma de Mallorca, Horrach argumenta que es “discriminatorio” imputar a la infanta en base a las pruebas existentes.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en la fase de instrucción “los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento”. Por lo tanto, el juez pudo suspender la citación hasta tanto se resuelva el recurso de apelación del fiscal, lo que no significa que la declaración quede cancelada.

La imputación de la infanta generó una discrepancia entre el juez y el fiscal del caso, lo que provocó sorpresa y originó críticas políticas de algunas voces del gobernante Partido Popular (PP).

En este contexto, Horrach afirmó hoy a la prensa que “no recibió ninguna presión” desde Madrid para que presentara el recurso.

El fiscal indicó que se trata de una "discrepancia jurídica" dentro de la “normalidad” de un procedimiento de investigación, informó RTVE (Radio Televisión Española).

El juez de instrucción, José Castro, sostiene que existen hasta 14 indicios que apunta a que la infanta pudo ser colaboradora necesaria en las actividades de su esposo en Nóos.

También cree que surgen dudas de que la hija del rey “desconociera” que su esposo utilizaba su nombre para beneficiarse económicamente en el ámbito de influencia de la fundación, que obtuvo contratos públicos con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia sin que mediara contrato alguno.

“Conviene despejar en cualquiera de los sentidos, despejar la incógnita” para no dejar que la instrucción de “cierre en falso”, “en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos”, remarcó el juez en su citación.

La imputación de la infanta convulsionó a España y supuso un duro golpe a la monarquía española, salpicada por numerosos escándalos en un momento en el que el país atraviesa una feroz crisis económica, con uno de cada cuatro trabajadores desempleados.

La decisión provocó una “enorme preocupación” en el Ejecutivo del presidente Mariano Rajoy, quien en sus primeras declaraciones sobre este tema aseguró que “respeta” a la Justicia pero también la “debida presunción de inocencia”.

Desde el Partido Socialista (PSOE), la número dos, Elena Valenciano, pidió ayer “neutralidad” a todas las instituciones, incluida la Corona, que se involucró directamente en la defensa de la infanta, a diferencia de lo que ocurrió con Urdangarín.

El abogado catalán Miquel Roca, uno de los “padres” de la Constitución española, confirmó hoy que asumirá la defensa de la infanta por encargo del rey Juan Carlos, según adelantó el diario La Vanguardia.