El senador brasileño designado para analizar las cuentas públicas en 2014 del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, de quien es aliado, dijo que recomendará su aprobación por considerar que no tienen ninguna irregularidad, como alega la oposición en su pedido de juicio político en su contra. El senador Acir Gurgacz, nominado como ponente del proceso en que la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso analiza las cuentas de 2014, expresó en declaraciones a periodistas que su opinión difiere de la del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que recomendó la reprobación de las mismas.

Gurgacz, cuya posición tendrá que ser avalada o rechazada por la comisión de Presupuesto antes del 6 de marzo, alegó que el balance de las cuentas públicas de 2014 puede ser aprobado con algunas "observaciones" como en años anteriores y en otros Gobiernos. Según el senador, un importante aliado de la jefe de Estado, los decretos firmados por la presidenta y cuestionados por el Tribunal de Cuentas no son ilegales y el procedimiento está previsto en la legislación presupuestaria.

Los balances oficiales correspondientes a 2014 fueron rechazados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado y consultor del Congreso, que recomendó que no sean aprobados por el Parlamento por diversas irregularidades. Gurgacz, que entregó su postura sobre las cuentas ante la comisión mixta del Senado y de la Cámara de Diputados que deberá aprobarlas o rechazarlas, afirmó que los argumentos presentados por el tribunal "no son relevantes lo suficiente como para reprobar los balances del año pasado".

Según los magistrados del tribunal, el gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos en 2014 para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones. Ello llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 10 mil millones de dólares y fue omitida de los resultados presentados por el gobierno. Para el tribunal, se trata de "irregularidades graves" y prueban que "el Ejecutivo usó la banca pública para financiarse", en un "claro incumplimiento" de la ley.