Un juez federal de Texas anunció hoy la suspensión temporal de las medidas ejecutivas migratorias anunciadas en noviembre por el presidente de EEUU, Barack Obama, quebuscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.

El juez que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas ejecutivas de Obama, Andrew Scott Hanen, decidió que el presidente debe suspender "temporalmente" la implementación de su decreto, según el fallo al que tuvo acceso la agencia Efe.

La decisión del magistrado, con fecha del 16 de febrero, se anuncia la vísperas de que este miércoles comenzase el plazo de inscripción por el que miles de jóvenes indocumentados podrían acogerse al alivio migratorio de la Acción Diferida (DACA), que posterga por tres años su deportación y les permite obtener un permiso de trabajo temporal.

Aparte de la ampliación del DACA, un plan ideado en 2012 y con el que se ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como "soñadores", las acciones ejecutivas incluyen un nuevo programa que concedería permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.

En su fallo, el juez asegura que "al haber hallado que al menos un demandante satisface todos los elementos necesarios para mantener la demanda", concede "un mandato judicial temporal" para suspender la aplicación de las medidas hasta que haya "una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal".

La decisión de hoy del juez Hanen, quien fue propuesto para el puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, es vista como un indicio de que a la postre podría inclinarse definitivamente a favor de los demandantes y fallar en contra de las medidas ejecutivas.

Se espera que el Gobierno de Obama recurra a esta decisión ante el tribunal de apelaciones correspondiente a la zona, con sede en Nueva Orleans, para intentar que no afecte el comienzo de la aplicación de sus medidas ejecutivas, como tenía programado, a partir de este miércoles.

La decisión del juez responde a una demanda liderada por Texas y presentada el pasado 3 de diciembre por una coalición de diecisiete estados, a los que se le han ido sumando otros hasta sumar un total de 26, uno más que la mitad de los 50 que integran la nación, que consideran que el presidente se extralimitó en sus poderes.

Se trata de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Texas.

La gran mayoría de estos estados están en manos de los republicanos, que se oponen a la acción ejecutiva y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearla dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.