La denuncia fue presentada durante un viaje que hizo al Reino Unido durante los Juegos Olímpicos de 2012.

Un súbdito bahreiní exiliado acusó formalmente a Al Jalifa de haber torturado prisioneros durante las manifestaciones democráticas de 2011 y exigió su arresto al Servicio de Fiscalía Real (SFR), pero el SFR otorgó al príncipe inmunidad diplomática, resolución que fue revocada hoy.

La decisión permitió a los defensores del súbdito exiliado, que se conoce como "FF", exigir el arresto de Al Jalifa si desembarca en territorio británico. El reino de Bahrein negó categóricamente la acusación, que consideró políticamente motivada.

Las manifestaciones democráticas de Bahrein en 2011 formaron parte de la "primavera árabe", pero a diferencia de lo ocurrido en Túnez o Siria no se dirigieron contra regímenes seculares sino contra una teocracia islamista de modelo saudita.

Los manifestantes exigían de la familia Al Jalifa gobernante -sunnita y emparentada con la de los Ibn Saud que rigen la vecina Arabia- una mayor tolerancia hacia la población shiíta, así como reformas democráticas, informó la BBC en su página web.

La represión fue de extrema dureza, provocó varios muertos, y tuvo lugar centralmente en Manama, capital del emirato y sede de la principal base naval estadounidense en el Golfo Pérsico.

"FF" no dijo que hubiera sido torturado directamente por el príncipe Nasser al Jalifa, pero sí por las autoridades del reino, y en una declaración emitida hoy planteó que el gobierno británico debía "revisar su política de cooperación y apoyo a este régimen (bahreiní)".

Su defensora fue más allá y planteó que el Reino Unido tenía el "deber" de investigar, arrestar y juzgar a los sospechosos de haber cometido actos de tortura en el extranjero, "sin tomar en cuenta los intereses económicos del Reino Unido".

En una declaración oficial, la monarquía del Golfo consideró que el de "FF" es un "intento mal dirigido, políticamente motivado y oportunista de utilizar incorrectamente el sistema legal británico".