Un grupo de vecinos desalojados este lunes de dos complejos habitacionales de la localidad de Villa Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda, protestaba poco antes de mediodía frente al palacio municipal, en reclamo de una vivienda propia y contra la medida judicial que dispuso el desalojo.

La protesta de los desalojados de los complejos El Relámpago y Nueva Ana, se llevaba a cabo cortando ambas manos de la avenida Güemes al 800, frente al municipio.

El complejo estaba tomado desde hacía una semana por unas 500 personas de la zona.

La mayoría de los ocupantes, poco antes de las 10, se retiró con colchones y otras pertenencias, mientras que restaban salir principalmente "mujeres embarazadas", cuyos maridos no podían auxiliarlas para retirarse con los objetos debido a que trabajaban en otros lugares, dijo uno de los ocupantes.

La fuerza pública entró a las 7 en el complejo habitacional con una "orden judicial" y les ordenó abandonar las 112 casas "en diez minutos", aunque sostuvo que el desalojo era "pacífico" y que los agentes comprendieron que era imposible partir tan rápido.

"Casi tres cuerpos de distintas unidades policiales llegaron y nos ordenaron salir a las 500 personas. Había 120 niños y 60 embarazadas, las que no podían salir esta mañana porque debían hacerlo con sus pertenencias y los maridos no podían dejar sus trabajos", manifestó uno de los damnificados.

El joven recordó que las personas que decidieron ocupar el predio habían sido "censadas en 2010 con la promesa de la Municipalidad de Avellaneda" de recibir viviendas sociales. Rememoró que, ante la demora en la entrega de casas, optaron por tomar el complejo habitacional, próximo a inaugurarse pero con beneficiarios de otras localidades del partido.

El ocupante aseguró que el complejo habitacional no sufrió daños materiales producto de la toma y argumentó que "asistentes sociales filmaron y vieron que estaba todo bien. Lo único que quedó mal es lo que ya estaba mal hecho por los arquitectos. Esto no se inauguró todavía porque se abría para tomar agua y perdían todas las cañerías. Eramos 500 personas y había sólo una canilla para todos", concluyó.

El intendente del lugar, Jorge Ferraresi se comprometió a atender caso por caso y resolver las situaciones más críticas de falta de vivienda.

“El tema de la usurpación no es un método mediante el que se puedan conseguir derechos”, enfatizó el jefe comunal.

Ferraresi indicó que “no hubo mayores robos” en el marco del desalojo.

“Nos da tristeza que algunos entiendan la política de esta manera”, señaló.