En el marco de la polémica que generó la salida del país del barrabrava de San Martín de Tucumán, Sergio “Flay” Roldán, desde el Registro Nacional de Reincidencia responsabilizan al juzgado “que no cumplió con su deber legal de informar ni a la policía, ni a migraciones ni a nosotros” que este sujeto no podía salir del país.

Así lo reveló la directora del organismo oficial, Mónica Litza. La funcionaria advirtió que la jueza tucumana María del Pilar Prieto “hecha un manto de sospecha sobre el organismo, la policía y otros, cuando realmente su tribunal no comunicó” sobre el acusado.

Prieto atribuyó a coimas o similares el desembarco en Sudáfrica del hincha violento, condenado a ocho años de prisión por lesiones graves con arma de fuego durante un enfrentamiento entre barras, en el que murió un adolescente.

Para Litza, la magistrada “habla desde el desconocimientote cómo funciona la Policía y el propio tribunal” y aseguró que Reincidencias “nunca recibió ninguna comunicación sobre el impedimento de Roldán”.

La directora del organismo oficial, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación precisó, además, que “cuando una persona gestiona un pasaporte no requerimos antecedentes” y agregó que “nuestro trabajo es informar y registrar a pedido de la justicia”.

En ese sentido, explicó que “para obtener el pasaporte, la Policia Federal consulta su propio sistema de antecedentes y mecanismo administrativo” para otorgarlo.

Litza aclaró que desde su entidad “solo pueden dar información para la sustanciación de procesos penales”.