Un recluso se presentó ante un fiscal y denunció que los guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense utilizan a sus presos para que salgan a robar en su propio beneficio, facilitándoles la logística necesaria, incluso los uniformes.

“En los informes que elaboramos anualmente hacemos referencia permanente a este tipo de situaciones. No sólo ese tipo de delitos: también la apropiación de la carne, la utilización de neumáticos para hacer negocios y hechos de tortura dentro de los pabellones”, señaló el miembro de la Comisión de la Memoria, Hugo Cañón.

En La Vuelta, Cañón remarcó que “recién cuando se puede tener las pruebas suficientes, se conocen los hechos”.

“Este mecanismo de perversa forma de delincuencia tiene rehenes a los propios reclusos que podrían pagar algún error con su propia muerte”, remarcó.

“Con un ministro (de Seguridad de la provincia de Buenos Aires) Ricardo Casal, que es alcalde mayor de las fuerzas del distrito, no hay un control civil sobre las fuerzas del Servicio Penitenciario”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió, “Casal es más un vocero de las corporaciones policiales que un agente del gobierno civil que controle y supervise las fuerzas uniformadas”.

“El gobierno no se hace cargo y niega esa realidad por complicidad o por temor a que le estalle el problema en las manos”, dijo.