La Cámara Federal de Casación Penal rechazó sobreseer a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa que investiga la identidad de sus dos hijos adoptados, hasta que la Justicia agote medidas de prueba aún pendientes y la Corte Suprema se pronuncie sobre un recurso extraordinario.

La decisión fue de la sala II del máximo tribunal penal del país, que desestimó un recurso de queja de la defensa de Herrera de Noble, desde el cual se pretendía obtener el sobreseimiento luego que el cotejo de ADN con el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo, en referencia a la posibilidad de que Felipe y Marcela sean hijos de desaparecidos en la última dictadura cívico militar. Los camaristas Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David entendieron que el recurso no se dirige contra una "sentencia definitiva" ni equiparable a tal y además "están pendientes de realización" medidas tendientes a completar peritajes.

Por otra parte, Casación remarcó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente aún resolver un recurso extraordinario presentado en la causa, que está en trámite y para ello el máximo tribunal pidió al juzgado federal de San Isidro que le remita todos los informes relativos a los cotejos genéticos hechos en el caso.

El abogado querellante en la causa, Pablo Llonto, recordó que semanas atrás se pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que cite para declarar como testigo en la causa a la hija de la juez de menores que tramitó la adopción de Felipe y Marcela en un juzgado de San Isidro en 1976. La juez murió en 1978 pero la hija, recordó LLonto, “admitió en un reportaje que su padre, un comisario ya fallecido, le dijo antes de morir que su madre tramitaba adopciones de bebés ‘entregados por los montoneros’. Este testimonio es clave”, consideró LLonto.

“Si los abogados del grupo Clarín quieren obtener el sobreseimiento de Ernestina de la manera más rápida de logralo la tienen ellos mismos, presentar pruebas del origen real de Marcela y Felipe”, acotó el letrado.

Por Continental, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, graficó que, "si los niños apropiados no fueran hijos de desaparecidos, la causa ya habría prescripto. Esta decisión no es más que un acto de justicia que nos hace bien, porque no se sabe por qué hubo 10 años de resistencia (a realizar pruebas de ADN a los jóvenes) de pronto cambió a 'ahora sí y que sea rápido'", planteó en La Mañana.