Las extradiciones del ex fiscal de Mar del Plata Gustavo Demarchi desde Colombia; del ex juez de Mendoza Otilio Romano desde Chile; y del excomandante del Ejército Jorge Carril desde Venezuela, los tres acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, son los procesos que están pendientes.

El proceso que se encuentra más avanzado, a la espera de que el gobierno de Juan Manuel Santos defina si concede o no la extradición, es el de Demarchi, ya que el pasado 28 de marzo la Justicia colombiana autorizó la extradición.

Una sala de la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición del ex fiscal, que es requerido por la justicia federal de Mar del Plata, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad cuando comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A.

Demarchi, de 65 años, es esperado en Mar del Plata para ser juzgado, junto a Mario Ernesto Durquet, Raúl Moleón, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Gómez, por los asesinatos de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla Yanzi, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg.

Demarchi fue detenido por Interpol en 2011 en Bogotá, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010.

La captura internacional fue solicitada por el juez federal Rodolfo Pradas en el marco de la investigación de los crímenes cometidos entre 1975 y 1976 por la CNU de Mar del Plata.

Demarchi ingresó a Colombia como turista, se presentó como un “perseguido político” y pidió ser asilado por el gobierno de Santos, quien finalmente se lo negó y así aceleró el proceso de extradición.

Por otra parte, en el caso de Romano, el pasado 17 de mayo el gobierno chileno le negó asilo político y perdería la visa de residencia que posee y sería deportado próximamente en virtud del pedido de extradición.

El pasado 24 de febrero la justicia chilena ordenó la detención preventiva del destituido juez mendocino, y así comenzó a avanzar el pedido de extradición solicitado por la Argentina por considerarlo partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.

Romano fue destituido el 15 de diciembre de 2011 por el Consejo de la Magistratura, que lo consideró "cómplice" de la dictadura militar.

Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano escapó a Chile, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por 8 meses.

En septiembre fue declarado prófugo por la justicia argentina al no presentarse a la citación judicial que terminó en su destitución y, finalmente, el juez federal mendocino Walter Bento pidió su captura internacional.

Finalmente, el último proceso comenzó el 17 de abril con la detención en la ciudad venezolana de Valencia del ex comandante del Ejército Fernando Jorge Carril, quien era requerido con alerta roja de Interpol por delitos durante la dictadura militar.

El Ministerio Público de Venezuela solicitó al Tribunal 49 del Área Metropolitana de Caracas que Carril, detenido el pasado 14 de abril en el estado Carabobo, "se mantenga en detención preventiva, mientras se notifica al Gobierno de Argentina de la aprehensión".

También pidió que el Tribunal 49 remita el caso a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia para que "realice los trámites referidos a la extradición de Carril".

El 8 de mayo pasado ingresó Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el oficio de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, relacionado con la solicitud de extradición de Carril.

En 2010, Carril, de 86 años, fue condenado a prisión perpetua por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976 y acumula ya varios procesamientos por delitos de lesa humanidad.