De esta manera, los habitantes de cualquiera de los países de la Unión Europea, Noruega, Lichtenstein, Islandia y Suiza podrán solicitar al buscador que elimine de sus resultados aquellos links que conducen a información personal publicada por terceros, enlaces que sin embargo no serán borrados del dominio global Google.com.

"Un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite que determinados usuarios soliciten que los motores de búsqueda eliminen resultados de consultas que incluyan su nombre si esos resultados se consideran 'inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes, o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados'", explica Google en el sitio en donde se encuentra el formulario.

Aquellas personas que soliciten la eliminación de sus datos deberán especificar los motivos de su petición para cada vínculo, tras lo cual "Google evaluará cada solicitud de forma individual e intentará buscar un equilibrio entre los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir información", según informó.

Ese equilibrio -establecido en el fallo del Tribunal- implica la no eliminación de los datos personales en aquellos casos en los que exista un interés público por esa información, como datos sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno.

Desde la compañía no aclararon cuánto demorarán en evaluar las solicitudes ni en eliminar los resultados, y especulan con que algunos casos controvertidos serán llevados a los tribunales, según informó la agencia alemana DPA.

Para encarar el asunto, la empresa californiana creará un consejo consultivo del que formará parte Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, quien opinó en su momento que el derecho al olvido amenaza la libertad de expresión.

En el fallo del pasado 13 de mayo, a raíz de una causa iniciada por un ciudadano español que exigía a Google que eliminara de sus resultados los links que lo vinculaban con un artículo periodístico que consideraba perjudicial, la Justicia europea determinó que los buscadores web son responsables por el tratamiento de la información personal y reconoció por primera vez el derecho al olvido.