Una reciente investigación judicial ha puesto de manifiesto la existencia de un posible turismo de subrogación de vientres en Argentina, el cual podría abarcar diversas provincias del país. En particular, se han dado a conocer denuncias relacionadas con dos clínicas ubicadas en Córdoba, acusadas de utilizar a mujeres en situaciones económicas precarias como gestantes a cambio de una compensación monetaria. 

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, liderada por la fiscal de la Protex, Alejandra Mángano, ha tomado la iniciativa de allanar varios centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, así como en la provincia de Santa Fe. Estas acciones están motivadas por sospechas de que estas instituciones podrían estar involucradas en actividades ilícitas que explotan la vulnerabilidad de las mujeres gestantes y comercializan los bebés nacidos mediante este procedimiento.

La investigación también examina la supuesta implicación de personas y empresas constituidas en el extranjero que operan en Argentina. Estas entidades habrían estado promoviendo sus servicios a través de diversas plataformas de comunicación en el exterior y estableciendo contacto con parejas que desean tener hijos pero enfrentan dificultades para llevar a cabo un embarazo. Se ha informado que ofrecían un paquete denominado "Programa Argentino", cuyo costo aproximado sería de 50.000 dólares.

El "servicio" en cuestión abarca la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a ser implantados, el tratamiento médico necesario, los controles regulares durante el embarazo y el parto posterior. Un aspecto relevante de este esquema es el método de reclutamiento de las gestantes, que consiste en que las empresas se comunican con mujeres a través de redes sociales, aprovechando sus necesidades económicas. A estas mujeres se les ofrece una suma de 10.000 dólares por llevar a cabo la gestación, a la que se añade un "plus" de entre 1.000 y 2.000 dólares en caso de que el parto se realice por cesárea.

El objetivo final de este negocio ilícito radica en la inscripción registral del bebé y su posterior entrega a la pareja solicitante. Este aspecto es crucial, dado que en Argentina no existe una legislación específica sobre subrogación, lo que podría permitir la comercialización de este proceso. Sin embargo, el Código Civil establece que los bebés nacidos son considerados legalmente como propiedad de la madre que los ha parido. Por lo tanto, para que la pareja solicitante pueda inscribir al bebé a su nombre, es necesario obtener la aprobación de un juez de familia.