La Justicia de Salta quedó en el centro de la atención mediática, tras la suspensión del juez Claudio Parisi. Este magistrado enfrenta acusaciones de favorecer a individuos vinculados al narcotráfico y de encubrir un crimen de carácter mafioso en el que se encuentra implicado el exintendente de la localidad de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, quien actualmente se encuentra detenido.

El juez Parisi ha sido señalado por un presunto mal desempeño en un mínimo de cuatro casos judiciales. Un jurado de enjuiciamiento decidió, por unanimidad, revocar la inmunidad del magistrado que dirige el Juzgado de Garantías N°2 de Orán. La unidad fiscal que lleva a cabo la investigación solicitó la detención de Parisi en la misma causa en la que fue arrestado el intendente Martínez, quien está imputado por presuntamente obstruir la investigación relacionada con el asesinato de su hermano.

La decisión de suspender a Parisi fue tomada por el jurado de enjuiciamiento, acercándolo a la posibilidad de detención. La fiscalía, compuesta por Carlos Salinas, Alda Murúa y Mariana Torres, había solicitado previamente su encarcelamiento. Uno de los casos más notorios asociados al juez Parisi involucra la obstrucción de la pesquisa del homicidio de César "Oreja" Martínez, hermano del exintendente de Aguas Blancas. Esta localidad ha sido intervenida tras el escándalo que involucra a sus autoridades.

En el dictamen del tribunal se establece que "la Ley 7138 establece un procedimiento para levantar la inmunidad de los magistrados o funcionarios acusables ante este Jurado de Enjuiciamiento, que consiste en examinar los antecedentes presentados y evaluar el asunto no solo desde el aspecto jurídico, sino también desde la perspectiva política y ética, en resguardo del prestigio, autoridad y funcionamiento efectivo de la Justicia".

El procurador general provincial, Pedro Oscar García Castiella, presentó el 9 de septiembre una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento solicitando la destitución de Parisi. En su presentación, acusó al juez de actuar en contraposición a las exigencias legales y constitucionales inherentes a su cargo, alegando que la conducta del magistrado "afecta el servicio de justicia" y cuestiona su legitimidad en el cargo.

En su exposición, Castiella detalló "manejos irregulares" en al menos cuatro casos, y fundamentó su acusación en "decisiones contradictorias", "arbitrariedades" y "beneficios otorgados a personas imputadas por delitos graves". Esta situación ha generado un considerable revuelo en el ámbito judicial.

La situación de Parisi se ha visto agravada por la evidencia de que los supuestos privilegios procesales que habría otorgado están relacionados con fondos provenientes de organizaciones delictivas y actividades de narcotráfico. Sin embargo, es importante señalar que esta investigación no está directamente vinculada a la suspensión del juez.

Los delitos de cohecho están contemplados en otras causas penales que se encuentran en curso. La decisión actual se centra en la separación de Parisi de sus funciones debido a la gestión inapropiada en al menos cuatro casos judiciales.