El jurado popular en Córdoba ha tomado una decisión sobre el caso de Diego Concha, un ex funcionario de 53 años, quien ocupaba el cargo de máxima autoridad en el control del fuego en la provincia. Concha ha sido condenado por el homicidio de Luana Ludueña, una bombera que se suicidó en 2022 a los 26 años, tras haber sido víctima de abuso sexual por parte de Concha. La joven había intentado quitarse la vida en dos ocasiones antes de su fallecimiento.

Durante el juicio, la fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión, argumentando que la muerte violenta de Luana estaba relacionada con los abusos sufridos. Por su parte, la querella había reclamado una pena de prisión perpetua, mientras que la defensa de Concha abogó por su absolución. Finalmente, el jurado decidió acoger el pedido de la familia de la víctima.

Diego Concha, quien se encontraba en el banquillo de los acusados en la Cámara 3ª del Crimen, había sido una figura mediática en su papel como director de Defensa Civil. Su posición le permitió dar numerosas entrevistas durante situaciones de emergencia, como incendios en la provincia. A pesar de su destacada carrera, el contexto de su condena se enmarca en el abuso de poder que ejerció sobre Luana, lo que fue calificado por los jurados como un crimen de violencia institucional.

Previo a la lectura del veredicto, Concha tuvo la oportunidad de dar sus "últimas palabras", en las cuales negó los hechos y afirmó que todo lo que se había discutido en el juicio no había ocurrido. También hizo un llamado a la reflexión al jurado, pidiendo que se tome en cuenta su perspectiva. Afirmó entender el dolor de la familia de Luana y descalificó las acusaciones sobre supuestos favores sexuales que habría solicitado de las jóvenes que deseaban formar parte de su equipo.

El fiscal Fernando López Villagra acusó a Concha de "homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado", considerando su condición de funcionario y el daño causado a la salud de la víctima. Sin embargo, no calificó el caso como un femicidio y no solicitó prisión perpetua, argumentando que dicha pena era desproporcionada. Afirmó que Luana y sus padres eran víctimas de actos de violencia institucional a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad.

La acusación sostiene que Concha utilizó su posición para abusar de Luana, quien aspiraba a unirse al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Según el fiscal, en 2021, Concha llevó a la joven a un hotel de camino a Carlos Paz, donde se produjo el abuso.

A pesar de que el abuso ocurrió en un entorno privado, el fiscal consideró que era factible reconstruir los eventos y sus consecuencias a partir del testimonio de Luana, su familia y la evaluación psicológica realizada. Resaltó el contexto de violencia institucional que rodeaba al caso, dada la posición de poder de Concha.

En una declaración que sorprendió, el fiscal indicó que, a pesar de las evidencias, no solicitaría perpetua, al considerar que la conducta de Concha debía ser evaluada bajo el antiguo Código Penal, que estipula penas de entre 15 y 25 años para este tipo de delitos. Por su parte, Carlos Nayi, abogado de la familia de la víctima, solicitó la pena máxima, argumentando que la acusación debería ser por "homicidio con motivo de abuso sexual calificado".

Concha ya había sido objeto de una denuncia por violencia de género en el pasado, lo que culminó en su detención en noviembre de 2021, tras renunciar a su cargo.